Palo del fiscal al concejal de Urbanismo de Porto do Son

La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha presentado en el Juzgado de Noia una denuncia contra el concejal de Urbanismo de Porto do Son, Manuel Vázquez García, por las irregularidades detectadas en la adquisición de fincas a cuatro vecinos de Portosín que van a ser recalificadas en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), tal como informó en exclusiva EL CORREO el pasado mes de junio.

Después de tres meses de investigación, la Fiscalía cree que Vázquez pudo cometer dos delitos (artículos 439 y 442 del Código Penal) al aprovecharse por su cargo de una información privilegiada con ánimo de obtener un beneficio económico.

El escrito remitido al Juzgado de Instrucción de Noia señala que el edil compró distintas fincas que han visto incrementadas sus valoraciones urbanísticas por su propia acción política. En particular, indica que cuatro son contiguas y enclavadas en Montoño (Portosín).

La primera de estas fincas, según recoge el fiscal, la compró Vázquez en el año 2000 a Ramón Vidal Piñeiro. En 2003 compró terrenos a Lucía Romero Sánchez y, en abril y mayo de 2006, a María Teresa León Abeijón y Miguel Ángel Novoa Miramontes, respectivamente.

Cuando fueron comprados, los terrenos mencionados tenían una calificación urbanística de suelo no urbanizable en régimen normal. Sin embargo, y de acuerdo con el proyecto del PXOM, actualmente en manos de la Xunta de Galicia, dos de esas fincas y parte de una tercera se recalifican y pasan a ser suelo de núcleo rural de expansión agraria, siendo aptas para construir viviendas.

El Ministerio Público entiende que los hechos son inicialmente tipificables como delito de negociación prohibida a las autoridades y funcionarios según los artículos 439 y 442 del Código Penal. El primero de ellos contempla textualmente: "La autoridad o funcionario público que, debiendo informar, por razón de su cargo, en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 4 años".

Hasta seis años de cárcel

El artículo 442 dice textualmente: "La autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en penas de multa del tanto al triplo del beneficio perseguido, obtenido o facilitado e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 4 años. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior. Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de 1 a 6 años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años. A los efectos de éste se entiende por información privilegiada toda información de carácter concreto que se tenga exclusivamente por razón de oficio o cargo público y que no haya sido notificada, publicada o divulgada".