Entra en vigor la última prórroga de la concesión de la AP-9 con la tranferencia en el aire

La última prórroga de la concesión de la autopista AP-9, aprobada por el gobierno de Aznar en el año 2000, entra en vigor a partir de este viernes, fecha en la que debería terminar dicha concesión (ya prorrogada previamente por el PSOE en 10 años, desde 2013 a 2023), y empieza a contar en ese momento el plazo extraordinario de 25 años adicionales validado por el entonces ministro Rafael Arias Salado, hasta agosto de 2048.

En este escenario, la Autopista del Atlántico, principal vía de vertebración del territorio gallego, sigue siendo objeto de debate, especialmente después de que, tras la convocatoria del proceso electoral del pasado julio, el proceso de transferencia a Galicia quedara en el aire sin completar.

Por otra parte, la ampliación de la concesión hasta 2048 está bajo la lupa de la Comisión Europea que, en septiembre de 2021 anunció la apertura de expediente a España por ese período de explotación extra, sin convocar una licitación pública.

Bruselas envió una carta de emplazamiento, el primer paso en los procedimientos comunitarios de infracción, a las autoridades españolas para garantizar la correcta aplicación de la regulación europea en la concesión de contratos, al considerar que España no cumplió con sus obligaciones en esta materia.

Denuncia

La asociación gallega En-Colectivo presentó en julio de 2020 una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que las prórrogas de la concesión de la AP-9 a Audasa, aprobadas por sendos reales decreto en 1994 --hasta 2023, durante lo Gobierno de Felipe González-- y en 2000 --hasta 2048, durante lo Gobierno de José María Aznar-- vulneraban la normativa comunitaria. Esta entidad reclama al Gobierno que se anule la concesión y que se devuelvan los cobros indebidos de peajes desde 2013.

Audasa anunció en su momento que, si ese procedimiento de infracción acababa con el fin de la concesión, reclamaría ser compensada en más de 1.000 millones de euros.

A día de hoy, la Comisión aun no se ha pronunciado, algo que para En-Colectivo puede ser indicio de que "se está haciendo una investigación en profundidad". Su presidente, Diego Maraña, ha lamentado, no obstante, en declaraciones a Europa Press, que "hace cuatro años el BNG obtuvo un compromiso del Gobierno para la transferencia de la autopista y para devolverla a los gallegos", pero "cuatro años después la situación no cambió".

Maraña (quien denunció la "falta de transparencia" del Ejecutivo acerca de la respuesta a esa carta de emplazamiento) preguntó "qué les van a dar (los socialistas) a vascos y catalanes" para solicitar su apoyo en la investidura, mientras que no hay compromisos con los gallegos, considerados "ciudadanos de tercera".

Por otra parte, acerca de la posible indemnización a Audasa, el presidente de En-Colectivo ha señalado que ya el Consejo de Estado "advirtió de que es más caro" financiar la bonificación de los peajes (los retornos de los usuarios habituales) que una posible indemnización a la concesionaria. Asimismo, ha matizado que esa compensación por lucro cesante "no sería tanta" como la anunciada, toda vez que la empresa estuvo "retrasando la amortización" y por eso tiene rentabilidades por encima de las que debería.

La empresa, que pertenece al grupo Itinere, siempre negó esa acusación, e incide en que, desde que se produjo la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) en 2003, todo los beneficios han ir destinados a amortizar las inversiones y no se han repartido dividendos entre los accionistas.

Mientras, a principios de año y en respuesta a una pregunta del diputado del BNG, Néstor Rego, el Gobierno se limitó a constatar que, en tanto que la UE no anuló la prórroga de la concesión, la obligación legal es cumplir lo aprobado en su momento.

Grupos parlamentarios

Precisamente, a principios de esta semana, el BNG ha recordado que, si no fuera por la prórroga aprobada por el PP, desde este viernes a Autopista del Atlántico "sería gratuita".

El diputado nacionalista Luis Bará, que calificó de "obscenos" los resultados económicos de la concesionaria en el primero trimestre del año (36 millones de euros, casi un 70% más que en el mismo período del 2022), anunció que el BNG volverá a presentar iniciativas en el Parlamento gallego y en el Congreso de los Diputados para lograr el "doble objetivo" de una AP-9 "gallega y libre de peajes".

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, en declaraciones a Europa Press, incidió en que "el auténtico problema para Galicia con respeto a la AP-9 tiene nombre propio exclusivo, el del PP".

Así, el portavoz socialista subrayó que "Galicia entera sabe" que, de no ser por esa prórroga aprobada por el gobierno de Aznar, la autopista finalizaría ahora la concesión y podría ser gratuita. "La responsabilidad es clara y exclusivamente del PP", abundó, al tiempo que puso en valor las bonificaciones en los peajes aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Segundo recalcó, "si hubo un gobierno que apostó por minimizar el impacto de los peajes" fue el de Sánchez, gracias al cual los gallegos usuarios de la autopista pudieron tener "ahorros importantísimos".

Mientras, el grupo del PPdeG registró el pasado mes de junio una proposición de ley, dirigida al Congreso de los Diputados, para la transferencia de la AP-9, toda vez que, al convocarse las elecciones generales, decayó el texto legislativo que se estaba tramitando en la Cámara Baja.

El portavoz de Infraestructuras del grupo 'popular', José Manuel Balseiro, recalcó en declaraciones a Europa Press que la transferencia "es la gran materia pendiente del futuro gobierno de España con Galicia" y que el PP hará "todo el posible por que se materialice". Al respecto, volvió a acusar al PSOE de bloquearla en la anterior legislatura y dejarla "caducar", "con la complicidad del BNG".

"Queremos la transferencia de la titularidad, el traspaso de los servicios y todos los medios materiales, humanos y presupuestarios necesarios. La gran pregunta es qué harán el PSOE y el BNG, si esta vez se pondrán a favor de Galicia o se seguirán plegando a otros intereses", proclamó.