Pedro Puy Fraga: "Hay que avanzar para que España sea Estado federal"

Pedro Puy Fraga (Granada, 1962; casado, tres hijos), conselleiro del Consello de Contas y profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, ha sido asesor del Grupo Popular en la reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia. Partidario del federalismo fiscal, Puy Fraga es intelectualmente una de las mentes más brillantes de la derecha galleguista, desde una óptica liberal. Sus opiniones rompen viejos tópicos conservadores.

_ ¿Qué está escribiendo?

_ Pues, aparte de informes para el Consello de Contas, artículos para la prensa. Tengo pendiente de entregar un capítulo para un libro sobre el federalismo.

_ ¿España es o no es un sistema federal?

_ Se han dado pasos hacia una federalización real del Estado. Aunque el concepto es complicado, porque hay muchos tipos de federalismo, en España faltan algunas cosas para que se pueda hablar con propiedad de que estamos en un Estado federal.

_ ¿Y usted por qué apuesta?

_ Es muy importante avanzar hacia una federalización que le dé estabilidad al sistema, porque estamos viviendo una situación de inestabilidad institucional, en el sentido de que no está definido cómo participan las instituciones en las decisiones del Estado de un modo federal.

_ ¿Hay que cerrar el modelo?

_ El que más reciente y mejor lo ha dicho es el Consejo de Estado, en el informe que le pidió el Gobierno en relación a la reforma de la Constitución. Hace un par de consideraciones, referidas a un sistema federal, sobre las comunidades autónomas y el Senado. España no nace como un Estado federal, construye un sistema político descentralizado, y la Constitución de 1978 no prevé cuál es el final de ese proceso de descentralización. Hoy en día, se puede llegar a algunas conclusiones para poder establecer mecanismos propiamente federados para la adopción de decisiones públicas. Faltan por definir algunas cosas que afectan a la financiación autonómica, al papel del Senado, a la Conferencia de Presidentes o lo que permita el diálogo de las comunidades autónomas entre sí y con el Estado. Y, en cambio, estamos viviendo de mecanismos bilaterales, que tenían su sentido para poner en marcha el Estado de las Autonomías, pero no ahora, que la mayor parte de las cosas están transferidas, y hay que ver cómo participa el Estado en lo que ha transferido; cómo participan las comunidades en lo que el Estado tiene competencia exclusiva, pero se juegan intereses autonómicos; cómo se financia el gasto público, etc.

_ En cuanto al sistema de financiación, ¿con qué criterios le conviene a Galicia jugar?

_ Lo interesante para Galicia sería avanzar en un mecanismo que le dé estabilidad y tuviera en cuenta algunos criterios que, en este momento, le favorecerían, en cuanto que es una región que está por debajo de la renta media. A Galicia le interesa un sistema que, en vez de depender de las coyunturas políticas de las mayorías parlamentarias, y de las correspondientes negociaciones políticas, establezca los mimbres que garantizan determinada solidaridad y no le quiten al Estado capacidad redistributiva. Porque estamos en unos límites en los que debe empezar a preocuparnos si el Estado podrá seguir ejerciendo ese poder redistribuidor.

_ ¿Y los criterios?

_ El primer tema es el de los recursos para el principio de suficiencia, que tiene que ver con el coste efectivo, negociado políticamente, y del que algunas comunidades autónomas salieron más beneficiadas que otras. Pero faltan por hacer las estimaciones sobre las necesidades de gasto de cada comunidad autónoma. ¿Cuánto cuesta prestar en Galicia un servicio de educación o de sanidad, y cuál es la diferencia que hay en el coste de ese mismo servicio en otra comunidad autónoma? Por otro lado, ahora que se cierran los fondos europeos, habría que pensar en reformar y potenciar el Fondo de Compensación Interterritorial. Y, sobre todo, hablar de los tributos y de la autonomía tributaria.

_ ¿Hacia dónde vamos en la cuestión tributaria?

_ Casi por la lógica del sistema, caminaremos hacia un sistema en el que el Estado tenga sus propios impuestos y las comunidades autónomas los suyos. De manera que cada uno tendrá su impuesto sobre la renta, si bien aquellas autonomías que así lo quieran podrán participar en el del Estado. Quizá, también, se intentará avanzar en algún otro tema de corresponsabilidad fiscal. Lo fundamental es cómo decidimos financiar las comunidades autónomas, cuál es el objetivo del conjunto del sistema, qué fuentes tributarias tendrán definitivamente unos y otros y establecer mecanismos de adecuación fiscal.

_ ¿Qué opina de que en los estatutos de autonomía se fijen unos porcentajes de inversión en los presupuestos del Estado?

_ Si los Estatutos establecen una idea orientativa de lo que el Gobierno autonómico defiende frente al Estado, eso no tiene ningún problema. Es legítimo que una comunidad autónoma aspire a que la inversión del Estado dependa de determinadas variables. Ahora, si lo que se pretende es establecer una norma jurídica que condicione la inversión del Estado, aquí hay varios problemas. El primero es de orden político y democrático: la capacidad del Congreso para determinar libremente los presupuestos del Estado. El segundo es el problema de cómo cuadrar el sudoku si se aplica lo que cada una de las comunidades autónomas marca en sus respectivos Estatutos. Resulta imposible de cumplir, con lo cual volvemos a la situación original, que es invertir más en las comunidades que tengan mayor capacidad para presionar o condicionar al Gobierno central.

_ ¿Galicia hace el mismo esfuerzo fiscal que Cataluña?

_ Desde la perspectiva del contribuyente y del impuesto que le paga al Estado, el esfuerzo fiscal es el mismo. Dos ciudadanos que residan en dos comunidades distintas pagan el mismo impuesto si están en la misma situación. Pero hay un segundo aspecto, el del esfuerzo fiscal que hace cada ciudadano respecto a su comunidad. Por ejemplo, si una autonomía, como ha hecho ahora la de Madrid, baja o no aplica los impuestos propios o cedidos, lo que no puede pretender es que esa bajada sea compensada con una mayor aportación del Estado. En este segundo aspecto, la idea de esfuerzo fiscal ya tiene valor.

_ ¿Por esa lógica, cabe introducir también la balanza fiscal?

_ La balanza fiscal consiste, básicamente, en determinar cuánto contribuyen al Estado los contribuyentes radicados en un territorio, y, por el contrario, cuánto el Estado invierte y gasta en una comunidad autónoma. Lo que pasa que eso tiene un problema técnico muy complicado de resolver, porque hay gastos que son difícilmente territorializables. Por ejemplo, el aeropuerto de Barajas no sólo lo utilizan los habitantes de la Comunidad de Madrid. Otro ejemplo, si se hace un AVE entre Galicia y el País Vasco, hay que pasar por Asturias, por lo que ¿la inversión que le corresponda en determinado ejercicio al Principado se le imputa sólo a él o al total? Lo mismo ocurre con el AVE Madrid-Valladolid; al llegar a Valladolid, se abre, y una ramal tira hacia el noroeste y otro hacia el norte.

_ ¿Y se olvidan las desigualdades creadas por el mercado?

_ Lógicamente, si ha habido desigualdad es porque durante muchos años, en el funcionamiento del mercado español, ha habido niveles de desarrollo desigual. Hasta los liberales más smithianos admiten que el mercado genera desigualdades. Por tanto, si hay un sistema de creación de riqueza, en parte debido a que ese sistema es grande, y esa riqueza la reparte desigualmente, hay que crear un mecanismo para redistribuirla. Además, muchas veces se olvida que las cuestiones de la distribución también tienen su componente egoísta por parte del que da. Si una comunidad crece mucho y ofrece buenos servicios, la gente emigrará hacia ese sitio. Esto ocurre en España, con tener un buen hospital. Establecer la distribución en base a lo que uno contribuye, aparte de regresivo, es irracional, de hecho, dentro de UE, los países ricos tienen interés en evitar, en la medida de lo posible, los movimientos migratorios internos originados por la desigualdad económica. Y no sólo por una cuestión de justicia, sino porque también la redistribución favorece a los ricos.

_ ¿Qué se puede hacer con ese 'cacao maravillao' de que unas comunidades quieran suprimir unos impuestos y otras no?

_ La competencia fiscal no es mala, es decir, ese cacao es maravilloso. En países como Estados Unidos, los entes territoriales especializan sus aparatos productivos y utilizan el sistema fiscal para atraer inversiones. En Alaska no hay impuesto sobre la renta, porque para vivir allí hace mucho frío, en cambio pagas un fuerte impuesto sobre sociedades, porque hay grandes empresas que explotan los recursos naturales. En Nevada, el paraíso del juego, no hay impuesto sobre sociedades, para atraer capital que invierta en casinos; la imposición se basa en los tributos directos sobre el juego. Es una de las ventajas del federalismo fiscal, siempre que las reglas sean iguales para todos, y no como en España, donde los de régimen foral pueden hacerlo y los de régimen común no.

_ ¿España debe ir a un segundo nivel de transferencias a los ayuntamientos?

_ Cada servicio público debe estar en el nivel en el que sea más eficiente su prestación. Mi opinión es que hay que ser flexibles tanto en los aspectos competenciales como en qué tipo de órganos los ejercen, y no quedarse en compartimentos estancos.

_ ¿Hasta cuándo la reforma del Estatuto de Autonomía gallego?

_ La estabilidad del Gobierno bipartito depende de que los dos partido estén de acuerdo; la reforma del Estatuto, de uno de los dos que está en el Gobierno y del PPdeG. Y aquí primó el afán por conservar la estabilidad del Gobierno, lo cual es razonable y legítimo. Hay que desdramatizar el hecho de que no haya reforma, porque el Estatuto que tenemos no nos deja en desventaja respecto a los ya reformados, y podemos asumir las mismas competencia que Cataluña, aunque no estén en nuestro Estatuto, por la vía del artículo 152.