Arrendadores e inquilinos echan un pulso ante el final de las rentas antiguas
Los comerciantes creen que con la aplicación de la Ley Boyer, los propietarios dispararán los alquileres y muchos tendrán que cerrar// Han pedido una moratoria // Los administradores reclaman su derecho a cobrar precios acordes con el mercado y también a poder recuperar sus propiedades
El próximo 31 de diciembre se cumplen veinte años desde la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, y se termina la prórroga del decreto de 1985, más conocido como Ley Boyer, en referencia al exministro de Economía fallecido el pasado mes de septiembre. Los contratos de arrendamiento anteriores a esa fecha y denominados alquileres de rentas antiguas, de baja cuantía y subrogados y congelados durante años, deberán estar renegociados antes del 31 de diciembre entre el arrendador y el arrendatario. En caso contrario, quedarán extinguidos de forma automática.
Esto va a permitir a los propietarios adaptar los precios de alquiler a los del mercado, y muchos podrán recuperar sus locales o percibir rentas más justas, acordes con la actualidad.
En el otro lado, están los inquilinos, que aseguran tendrán que traspasar, cerrar o buscar una nueva ubicación para sus negocios, si la exigencia del arrendador es disparatada, o no la pueden afrontar.
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