El cielo era de ellos hasta que llegó Pepe Blanco

A POCO QUE SE profundiza en lo que supuso el convenio colectivo de los controladores firmado en 1999, con Rafael Arias-Salgado como ministro de Fomento, se advierte el gravísimo error en que incurrió, al instituirlo como un club de élite en el que sus miembros se regían por sus propias normas para fijar los servicios, organizar los turnos, distribuir las horas y los descansos y determinar el número de personas que eran necesarias para realizar los cometidos.

La jornada máxima de trabajo fue fijada en 1.800 horas al año, de las cuales 1.200 eran retribuidas como horas ordinarias y las 600 restantes (un tercio) como horas extraordinarias, al precio del 265% de la hora ordinaria. Lo que suponía unas remuneraciones totales anuales que iban desde los 350.000 euros a un millón de euros.

A su vez, los controladores que cumplieran los 52 años podían acogerse a una licencia especial retribuida, equivalente al salario ordinario fijo que venían cobrando, lo que les permitía dejar de trabajar hasta que tuviesen la edad de jubilación efectiva.

Aunque todavía haya quien no quiera verlo, mediante ese convenio colectivo los controladores consiguieron que la gestión del tráfico aéreo en el cielo español quedase en sus manos y, por lo mismo, que pudiesen utilizar su capacidad de maniobra para imponer sus demandas por la vía de hechos consumados: huelgas encubiertas y de celo en fechas clave o próximas a ellas por el aumento del volumen del tráfico aéreo en España.

En esta ocasión, el pretexto elegido para abandonar el servicio ha ido variando en función del momento. Inicialmente fue debido a que, según ellos, habían rebasado el número de horas que tienen asignadas. Ese fue el motivo porque el jueves, 2 de diciembre, la mayor parte de los controladores del aeropuerto de Lavacolla (Santiago de Compostela) no acudierona a trabajar. Con lo que se hacía efectiva la amenaza, anunciada por USCA (cuyo presidente es Camilo Cela) el 26 de noviembre, de que habría cierres en el espacio aéreo de Galicia al inicio del puente de la Constitución, que esos se irían extendiendo al resto de España durante el mes de diciembre, es decir, abarcarían a los dos puentes de Navidad. Lo que sugiere que la intención del colectivo era presionar al Gobierno para que aceptase una propuesta similar a la que plantean en el nuevo convenio colectivo, que lleva negociándose desde que concluyó el de 1999 (31-12-2004): un cómputo de 1.420 horas al año.

El siguiente pretexto, utilizado para abandonar masivamente sus puestos el pasado viernes, fue el real decreto aprobado ese mismo día por el Consejo de Ministros, que aclara que en el cómputo del límite anual de las 1.670 horas (fijado en el real decreto del 5 de agosto de este año) de actividad aeronáutica "no se tendrán en cuenta otras actividades laborales de carácter no aeronaútico, tales como imaginarias y periodos de formación no computables como actividad aeronáutica, permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral". Actividades que los controladores computaban como actividad laboral.

Ambos decretos usan el término actividad aeronaútica, que no es exactamente lo mismo que jornada laboral. La jornada laboral de los controladores aéreos es de 1.840 horas anuales (descontadas las seis semanas de vacaciones y festivos), a razón de 40 horas semanales, si bien, como ya adelantamos, las horas de "actividad aeronaútica" son 1.670, más las horas extraordinarias voluntarias hasta un máximo de 80 al año.

Conviene subrayar que la intervención general del Estado advirtió, en sus informes de los años 2002, 2004 y 2009, que los incrementos de los sueldos de los controladores carecían de autorización legal, estaban "fuera de le ley". Pero ni Francisco Álvarez Cascos (PP) ni Magdalena Álvarez (PSOE) obraron en consecuencia durante sus respectivas etapas al frente del Ministerio de Fomento. Cuando José Blanco se hizo cargo del Ministerio, se encontró con que el informe del interventor general advertía que en el año 2007 la retribución media por controlador había sido de 304.874 euros, y excedía en 210.316 euros a la que resultaría de aplicarle la actualización por IPC a los salarios que percibían en 1999, 94.558 euros. En ocho años habían triplicado su remuneración.

A partir de ahí, el nuevo presidente de AENA, Juan Ignacio Lema Devesa, mandó actualizar los datos, y a finales de noviembre de 2009 reveló que el sueldo medio de los controladores españoles era de 350.000 euros anuales. Lo que le incitaba a proponer cambios en el convenio de los controladores, teniendo en cuenta que el Gobierno había decidido aplicar una serie de medidas de recorte del gasto público para hacerle frente a la crisis.

El ministro Blanco había iniciado su estrategia. Días después, en las navidades de 2009, los controladores hicieron una huelga encubierta en los aeropuertos de las Islas Canarias. La guerra estaba declarada.