El índice de pobreza no bajó ni un punto en más de un década de crecimiento económico
"El discurso de crecer para distribuir se ha demostrado falaz", señala Carlos Susías
"¿Cuánta riqueza hay que acumular para empezar a distribuirla?". Carlos Susías, presidente en España de la red europea de lucha contra la pobreza (EAPN-España) lanzó ayer en Santiago esta pregunta, y la contextualizó en el siguiente escenario: entre 1994 y 2008 -expuso- la economía española creció por encima del 3% anual, pero ese incremento del PIB no movió ni un punto el índice de pobreza. La diferencia entre el 20% de la población más rica respecto al 20% de la población más pobre se multiplicó por 10, y el mercado laboral mantuvo en esa larga década de crecimiento a dos millones de trabajadores en el paro.
"No podemos decir que crecimos, sólo que algunos lo hicieron", concluyó el presidente de EAPN-España, que ayer participó en Santiago en la inauguración del I Foro Galego de Pobreza, Exclusión Social, Terceiro Sector e Voluntariado, donde reclamó un cambio de discurso porque el de "crecer para distribuir se ha demostrado falaz".
El salario social para la integración de personas en riesgo de exlcusión cuesta cada año 500 millones de euros a las administraciones españolas, mientras la evasión fiscal, comparó, vacía las arcas públicas de 70.000 millones anuales, según datos de la Asociación de Recaudadores. "La salida -concluyó- no sólo pasa por recortar".
Susías insistió en la necesidad de actuar desde la educación, y alertó de que con un 28,4% de abandono escolar y un porcentaje importante del número de desempleados con bajos niveles de cualificación y problemas de empleabilidad, la apuesta por la economía del conocimiento se vuelve cuesta arriba. "¿Con qué trabajadores vamos a hacer eso?", se preguntó, formulando la posibilidad de que España llegue a necesitar importar mano de obra cualificada.
La secretaria xeral de Benestar, Susana López Abella, insistió en el mismo foro en la necesidad de "impedir la transmisión generacional de la pobreza" y apostó por el empleo como herramienta básica. López Abella recordó que España presenta la séptima tasa de riesgo de pobreza en la Unión Europea, con un 19,5% (más de tres puntos por encima de la media europea), y destacó el trabajo realizado por la Administración y los agentes sociales en la mesa 4 del diálogo social de cara a mejorar los itinerarios de inserción.
En esa mesa de trabajo, explicó, se preparó el anteproyecto de la nueva ley de inclusión gallega que, confió, saldrá la próxima semana a exposición pública para recoger todas las alegaciones del sector. En el nuevo texto, señaló la secretaria xeral, se ha tenido en cuenta una visión de la exclusión social como un fenómeno multifactorial, que requiere una respuesta coordinada de los servicios sociales comunitarios, las oficinas de empleo y las infraestructuras para la capacitación.
El texto articulado que ultima el departamento de Traballo e Benestar reformará la Risga (Renta de Integración social de Galicia) para convertirla en un instrumento más eficaz. Para ello, se regularán dos escalones previos a la integración laboral en los que la prestación se centrará en aportar recursos básicos y proporcionar la preparación necesaria para compensar carencias de formación y habilidades y capacitar al usuario para que pueda enfrentarse con ciertas garantías al mercado de trabajo. De este modo, la Administración intenta definir una prestación más eficaz que corrija datos preocupantes del modelo actual, como el alto porcentaje de recaídas en el programa (26,1% en 2009) o los altos índices de cronificación (el 16,13% de los usuarios de 2009 llevaban más de cuatro años en el dispositivo).
Carlos Rosón, vicepresidente de EAPN-Galicia y director de Igaxes 3, consideró que el anteproyecto legislativo apunta en buena dirección, y agradeció la disponibilidad del presidente de la Xunta a atender reivindicaciones de la red gallega, como las llamadas cláusulas sociales, que defienden que en los contratos públicos el precio no sea el criterio con más peso. La EAPN-Galicia agrupa a 16 entidades y en septiembre cumplirá tres años de trabajo por dar voz a los colectivos en riesgo de exclusión.