Profesionales gallegos critican que Moncloa legisle cerrar colegios

La carrera hacia la liberalización del Gobierno central traerá más puntos de fricción de los provocados por la reforma laboral, la de las pensiones o la financiera: se ultima la nueva ley de servicios profesionales que, reconoció ayer el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, conllevará la eliminación de algunos colegios profesionales, lo que no gusta demasiado a responsables de estos organismos en Galicia.

En los Desayunos Informativos de Europa Press, Jáuregui indicó que la ley, que verá la luz en semanas, es una norma "difícil y compleja" que incorporará la "superación de trabas administrativas y colegiales" y traerá "más liberalización" en el ejercicio de la mayoría de las profesiones.

Al presidente de la Unión Profesional de Galicia, José María Rojo, no le hicieron mucha gracia las palabras del ministro. En su colectivo, que representa a cuarenta colegios con 50.000 miembros. Arrojo recordó primero que la nueva norma llegará con retraso, pues se prometió para antes del 31 de diciembre de 2010. No pudo ser. Pero es que, además, cuando el colectivo demandaba con el fin de evitar el intrusismo que el Ejecutivo central introdujese la colegiación obligatoria, ahora se habla de posibles cierres de instituciones "cuyo funcionamiento está reconocido en la Constitución".

El borrador de la norma, según Arrojo, pulula entre los distintos ministerios implicados desde el verano, pero nunca ha llegado a los colegios, que deberían "poder estudiar el texto y presentar las alegaciones oportunas". Y es que "no se puede hacer una ley a espaldas de todos los sectores sobre los que se va a aplicar", señaló el presidente del colectivo, que cree que la norma afectaría, sobre todo, a ingenierías y sus vertientes técnicas.

Las palabras de Jáuregui son un "mal prolegómeno" y en los colegios están "inquietos, aunque no nos quita la tranquilidad". Cree que "los colegios y sus colegiados" defenderán la permanencia de estos entes, pues a una profesión solo le puede quitar vigencia "la propia dinámica social, las actividades nacen, se desarrollan y desaparecen". En cuanto a un colegio, "será su asamblea la que decida" cuándo cerrar sus puertas.

La abogacía, tranquila. El decano del Colegio de Abogados de Santiago, Evaristo Nogueira, señala que el futuro de su colectivo está claro. Se lo garantizó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, como "cooperadores necesarios" de la administración. En cuanto a los médicos, la norma gallega que adaptó la Ley Omnibus obliga a su colegiación, lo que va en contra de la tesis de Moncloa.