Quejas por la tibieza de algunos jueces ante la galeborroka
No autorizaron el pinchazo de teléfonos a dos independentistas // Había "indicios suficientes' de haber ordenado o participado en los ataques a las sedes socialistas
¿Por qué los independentistas radicales actúan con impunidad y no hay avances en las investigaciones policiales sobre los atentados en las sedes de partidos o oficinas de empleo? Voces críticas a la actuación de las Fuerzas de Seguridad se levantaron tras los dos últimos ataques en Betanzos y Carral por parte, incluso, del secretario xeral de los socialistas gallegos. Los agentes trabajan intensamente y hay varias líneas de investigación muy avanzadas que pueden fructificar muy pronto. Pero es difícil infiltrarse en un mundo muy cerrado y, por tanto, se necesitan medios adicionales para llegar al fondo.
Ahí es donde nacen las críticas a varios jueces y el lamento ante la falta de compromiso que advierten en algunos de ellos, empeñados en minimizar el fenómeno del independentismo radical violento. Las tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para calificar como terrorismo estos delitos no encuentran demasiado eco entre los magistrados, más proclives a seguir considerándolos como terrorismo de baja intensidad.
Fuentes de la propia magistratura, en Galicia y Madrid, reconocieron a EL CORREO GALLEGO que "hay jueces que no tienen conciencia de que el terrorismo de este grupo tenga la misma intensidad que otros". Citan, por ejemplo, el caso de "magistrados que, acostumbrados a instruir o juzgar casos de ETA, de muchísima más gravedad, es evidente, se toman con cierta ligereza los de Resistencia Galega. Para ellos no se puede hablar del mismo delito terrorista".
Está claro que los casos de violencia del independentismo radical gallego no alcanzan ni un uno por ciento de la intensidad de los registrados en Euskadi, pero todos los informes policiales alertan, como adelantó este diario, de la posibilidad de un salto cualitativo. De hecho la propia Fiscalía General del Estado advierte en su última memoria de esta posibilidad, y debe recordarse: Galicia es la única comunidad en la que hoy por hoy se producen atentados.
CASOS FLAGRANTES. Esa falta de compromiso de los jueces lo sufren las Fuerzas de Seguridad en primera persona. Hace apenas unas semanas un juez rechazó una petición de intervenciones telefónicas formulada por los servicios de Información antiterrorista. Se pretendía pinchar los móviles de dos individuos, identificados como miembros de grupos radicales gallegos. Había, según pudo saber EL CORREO, "indicios suficientes" para poder hacer un seguimiento a ambos sujetos, pero el magistrado lo rechazó al no considerar las pruebas presentadas "como suficientes" para justificarlo.
Sobre los dos independentistas pesaba la sospecha de haber participado, directa o indirectamente, en los atentados a las sedes del PSdeG en A Estrada y Teo. Los dos tienen un largo historial de participación en algaradas y manifestaciones.
Un miembro gallego de la Judicatura reconoce que "nuestro sistema es demasiado garantista", y, sobre las escuchas telefónicas, asegura que "muchos magistrados son reacios a autorizarlas sino están bien fundadas" para "que no se haga un uso perverso de ellas. Aunque recordó que "la doctrina del Supremo y el Constitucional es amplia en anulación de sentencias por vulneración de derechos tras escuchas telefónicas ilegales", la misma fuente certificó, no obstante, que "las Fuerzas de Seguridad tienen razones para quejarse, al menos en algunos casos concretos que yo conozco", en los que no se incluyen el de estos dos radicales independentistas.
El atentado contra la sede del PSOE en Teo fue reivindicado el pasado fin de semana en webs pró-ximas a los movimientos independentistas. En la nota se justifica los asaltos a las sedes socialistas asegurando que "o PSOE desde a gestom do governo espanhol, dirige e executa o processo de destruiçom do País, é responsável pola ofensiva espanholista que procura a nossa assimilaçom polo imperialismo espanhol, pola aniquilaçom do nosso território e os nossos sectores produtivos, pola venda dos nossos recursos a interesses alheios ao nosso povo". También, según la reivindicación, "é responsável directo da fascistizaom, do recurte de direitos sociais, da repressom, das reformas neoliberais agressivas com as classes populares".
En gallego lusista añade al Partido Popular, alguna de sus sedes ya fuera atacadas, a las amenazas asegurando que "os partidos políticos do regime, PP e PSOE, representam os interesses do imperialismo espanhol e da sua burguesia na nossa Terra, som inimigos directos da nossa Pátria, e polo tanto objectivos militares permanentes".
"Ante um marco jurídico-políticos que impossibilita a soberania para o nosso País, que perpetua um modelo sócio-económico injusto e depredador, que aplica a repressom contra as legítimas reivindicaçons de liberdade e justiça e nos leva a esmorecer baixo a opressom espanhola, entendemos a luita armada como um elemento prioritário e determinante processo de libertaçom nacional", aseguran en su reivindicación justificando la lucha armada como fórmula para obtener resultados añadiendo que "todos os métodos de luita som pertinentes e necessários, e se o nosso povo quer avançar decididamente pola libertaçom deve caminhar cara o combate com todas as consequências. O combate independentista defende a Terra, enfrenta directamente o inimigo, devolve algum golpe e demonstra que a liberdade ainda é possível".
Finalizan haciendo un llamamiento "a todo o povo galego a avançar sem medo polo vieiro aberto, a somar-se cada quem desde a sua disponibilidade e compromisso à urgente e imprescindível tarefa da resistência cara a Independência nacional".
'CASTIÑEIRAS'
No es la primera vez que las Fuerzas de Seguridad muestran su preocupación por la, en su opinión, "falta de implicación" de algunos juzgados en los casos de violencia radical. El desenlace de la operación Castiñeiras, con todos los detenidos puestos en libertad por la Audiencia Nacional, causó sorpresa entre los agentes y algunos jueces gallegos. "Los magistrados de Madrid no consideran que los actos violentos de los independentistas radicales sean para considerarlos terrorismo, reconoció un experto judicial.DESPLIEGUE El último episodio de las diferencias se vivió con motivo de la huelga general convocada por la CIG el 27 de enero. Tres radicales fueron apresados por lanzar un cóctel molotov contra una sucursal del Banco Pastor en Vigo y, tras pasar por dependencias judiciales, quedaron en libertad con cargos. Uno de ellos fue juzgado días más tarde, junto a un compañero, por agresiones a las fuerzas de seguridad durante una protesta contra Galicia Bilingüe.
Contactos y trabajo conjunto con grupos afines
ESTRATEGIA Los especialistas de las Fuerzas de Seguridad tienen constancia de que los radicales gallegos mantienen habitualmente contactos con grupos de intereses similares asentados en otras comunidades autónomas españolas con el objetivo de diseñar estrategias conjuntas. De hecho, independentistas catalanes y gallegos intentaron organizar actividades de rechazo a la presencia del Papa Benedicto XVI en Barcelona y Santiago de Compostela