Las víctimas del metílico llevan medio siglo olvidadas

Emilio Rodríguez siguió una mañana de abril de 1963 su costumbre de desayunar galletas y una copa licor café. El trago matutino cambió el resto de su vida. Primero se sorprendió al ver que los campos de Rivadabia estaban nevados, mientras se afeitaba le pareció que la nieve caía en su propio cuarto de baño y tras una luz blanca cegadora, ya no volvió a ver nunca más. Emilio fue una de las víctimas del metílico, un alcohol letal comercializado en los 60 que acabó con la vida de cientos de personas. Casi 50 años después de la tragedia, los afectados continúan en el olvido y ni siquiera han recibido la indemnización que se les prometió tras el juicio. Ahora quieren que se reabra el caso y salga a la luz toda la verdad sobre uno de los mayores envenenamientos masivos de la historia. En la primavera de 1963 una cadena de muertes inexplicables sacudió el rural gallego y la costa canaria. Marineros de Lanzarote fallecían repentinamente al igual que decenas de campesinos en O Carballiño. Muchas muertes pasaron inadvertidas, pero en el pueblo de Haría (Lanzarote) la farmacéutica María Elisa Álvarez se percartó de que había un nexo común en todas ellas: los fallecidos venían de las tabernas. Álvarez logró demostrar en su propia botica que las botellas de ron de la viguesa Lago e Hijos contenían el tóxico metílico y a partir de ahí la trama comenzó a esclarecerse. Casa Lago había comprado la materia prima de sus licores al industrial ourensano Rogelio Aguiar Fernández, quien había adquirido 75.000 litros de metílico a un almacén de Madrid que usó para producir aguardiente que después distribuía a otras bodegas. "Sabían que era tóxico", defiende Fernando Méndez, autor del libro Historia dun crime. O caso metílico, para el realizó una investigación de varios años. "Lo sabían porque nadie en sus familias resultó afectado, pero pensaban que rebajándolo con agua igual no hacía tanto daño", relata el escritor y periodista.

LUCRO PELIGROSO. El objetivo principal era el negocio. Por un litro de metílico pagaban 14 pesetas, 16 menos que por el alcohol etílico. Las bebidas intoxicadas llegaron al mercado a un precio muy inferior a los otros licores de la competencia, por lo que sus letales efectos se cebaron con las clases bajas. Aunque las botellas envenedadas se distribuyeron por toda España -e incluso llegaron al Sahára, Senegal o Alemania-, donde más aceptación tuvo el aguardiente de Rogelio Aguiar fue en Ourense. Los problemas de salud no tardaron en aflorar. Las muertes se sucedían sin una explicación razonable y muchos fueron enterrados sin realizarse ninguna autopsia que confirmase su envenenamiento.

Oficialmente la justicia solo constató 51 fallecimientos y nueve cegueras. Pero el fiscal que llevó el caso, Fernando Seoane, calculaba que las muertes podrían sobrepasar el millar. Una sola copa de licor bastaba para matar o dejar ciega a una persona. El metanol -que había sido obtenido del carbón- abrasaba el nervio óptico, después el hígado y luego el sistema nervioso. Destapado el escándalo, la alarma social se extendió por bares y tabernas. Numerosas botellas fueron incautadas y muchos negocios tuvieron que cerrar. "La imagen de Galicia en el resto de España quedó seriamente tocada", indica Fernando Méndez, quien asegura que se vinculaba a la comunidad como la culpable del envenenamiento.

El 1 de diciembre de 1967 comenzó el juicio, tras cuatro años de investigación. El magistrado José Cora -hoy ya fallecido y que fue años más tarde Valedor do Pobo- había sido el encargado de instruir el caso. Los 36.000 folios y 80 kilos de peso del sumario, lo convirtieron en el más grande de España. Cora colocó en el banquillo a once acusados y a dos responsables civiles subsidiarios. Tres semanas después se conocía el veredicto. Los acusados eran condenados a penas de entre 1 y 20 años de prisión por delitos contra la salud pública e imprudencia temeraria. La sala reconocía que los procesados no tuvieron intención de matar o causar lesiones, aunque sí habían obrado "por un afán desmedido de enriquecimiento a costa de la comercialización del metílico".

La sentencia obligaba también a los bodegueros a indemnizar a las víctimas, pero estos se declararon insolventes y los familiares de los muertos nunca recibieron el dinero. Tampoco se aclaró la responsabilidad de las autoridades de la época franquista por la ausencia de inspecciones sanitarias en las bodegas. Fernando Méndez considera que las víctimas deberían ser resarcidas económicamente. Algunos familiares de los fallecidos han comenzado a organizarse para ver si existe alguna posibilididad de volver a reabrir el caso metílico en los tribunales.

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