La Audiencia ratifica prisión para los detenidos en Ribadeo con media tonelada de coca
La jueza María Tardón mantiene el secreto del sumario pero ya trasladó a Gerardo Rial y sus socios a la cárcel de Salamanca
Los cuatro gallegos y dos serbios detenidos a finales de octubre con más de media tonelada de cocaína, en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Drug Enforcement Administration (DEA), en Ribadeo deberán seguir en prisión tras decisión de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de rechazar el recurso presentado por sus abogados contra el auto de ingreso en la cárcel dictado por la jueza María Tardón, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 del mismo órgano judicial.
La magistrada, paralelamente, decretó que los seis presuntos narcotraficantes liderados por Gerardo Iglesias Rial y en el que aparece como uno de sus lugartenientes José Ángel Rodríguez Oubiña, junto a otros dos arousanos, G.T.S. y R.R.R., y dos ciudadanos serbios cuyas identidades responden a las iniciales P.P., de 36 años, y N.D., de 37, fueran trasladados del penal pontevedrés de A Lama al de Topas en Salamanca, con el objetivo de completar una investigación que continúa abierta, y bajo secreto judicial, al sospechar que ese alijo podría formar parte de otro más importante y, sobre todo, pretende llegar a los organizadores del envío y los verdaderos destinatarios.
Aunque en el citado auto de ingreso a prisión se considera que Gerardo Rial “ha dirigido el traslado y posterior recepción de una cantidad de cocaína de notoria importancia” los agentes del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) en Galicia y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la propia DEA están convencidos de que los apresados podrían estar relacionados con “pesos pesados”, según fuentes consultados, de organizaciones de narcotraficantes y transportistas que operan en España, de ahí que transcurrido casi tres meses de la denominada operación Dinastía se mantenga el secreto sumarial y continúen las pesquisas.
Esta situación llevó al abogado de Gerardo Rial Iglesias, el penalista compostelano Luciano Prado, a renunciar a presentar recurso de reforma ante la propia jueza Tardón y presentarlo directamente de apelación ante la Sala. En el auto en el que se ratifica el auto de prisión no se hacen constar las razones amparándose en el secreto de las actuaciones que se siguen llevando por los investigadores policiales.
Sorprende también la decisión del traslado de los cuatro arousanos del penal pontevedrés al de Topas, máxime en una época en la que dentro de Instituciones Penitenciarias prevalece la política de poca movilidad tanto por cuestiones sanitarias derivadas de la pandemia del COVID como del Ministerio de Interior de mantener lo más cerca posible de sus comunidades a los reclusos.
La jueza, y los investigadores, pretende, según fuentes de las defensas, “forzar un poco la situación” y tenerlos a su disposición para poder realizar nuevas indagaciones o interrogatorios.
Al mismo, reconocen fuentes policiales, cuando en un operativo de estas condiciones participan agentes encubiertos se necesita dar un plazo mayor de tiempo para preservar su seguridad por si alguno de ellos pudo haber sido identificarlo previamente.
Recordar, como adelantó en su día EL CORREO, que esta incautación de media tonelada de cocaína se pudo llevar a cabo gracias a la participación de, al menos, un infiltrado que facilitó datos muy importantes sobre los participantes que, como refleja el auto judicial, “(habían sido sometidos) a seguimientos y vigilancias” estrictas que incluían los teléfonos monitorizados, por lo que en todo momento sabían su ubicación. Eso les permitió, por ejemplo, obtener testimonios gráficos de los “encuentros destinados a preparar la introducción de un importante cargamento de cocaína en territorio español”.
De hecho los cuatro arousanos fueron pillados con las manos en la masa en un chalé de Ribadeo cuando se preparaban para transportar la draga hacia Arousa mientras que los dos serbios eran interceptados por la Guardia Civil en una rotonda cercana en el momento en el que iban al encuentro de sus socios.
Según la nota de prensa de Interior el grupo gallego se había aliado con los miembros de un peligroso clan de los Balcanes para participar en la operación. Estos dos sujetos renunciaron a letrados de oficio y de su defensa se encargan conocidos profesionales.
La operación Dinastía, en la que participaron agentes de la DEA, arroja numerosas dudas sobre cómo se gestó y la participación de chivatos y agentes encubiertos, tal y como adelantó EL CORREO.
“Siempre que hay una entrega controlada tiene que haber una delación de alguien del entorno que advierte de que van o necesitan hacer una operación y una encerrona de las fuerzas de seguridad que meten mercancía controlada y agentes encubiertos. La delación es del entorno inmediato y la encerrona de las fuerzas de seguridad”, aseguraba un experto policial sobre la media tonelada de cocaína intervenida.
La duda que queda por resolver es quién delató a Gerardo Rial y una denuncia anónima anda en juego estos días. Pero esa es otra historia aunque traiga de cabeza a jueces, fiscales y agentes.
“Durante el desarrollo de la investigación los agentes pudieron corroborar como entre los posibles implicados en esta trama, se encontraban ciudadanos vinculados al Clan de los Balcanes, excombatientes militares de países del Este europeo, los cuales contaban con antecedentes por delitos graves contra las personas y considerados como de alta especialización delictiva”. La identidad de los dos apresados responde a las iniciales P.P de 36 años y N.D de 37, y ya en A Lama protagonizaron algunos altercados con el objetivo de ingresar en celdas de aislamiento, una práctica que suele ser habitual para no compartir módulo con otros reclusos.