La razón de ser de los colegios profesionales

HAY QUIEN piensa que los colegios profesionales tienen los días contados. Sospecho que se equivoca, aunque quizás no le falten razones. Los colegios profesionales llevamos sumidos en la incertidumbre hace unos años y puede que nos lo merezcamos. Surgen con insistencia rumores de que el Gobierno ultima la Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que hará temblar las bases del sector en España. En Galicia desconocemos aún el motivo de esta revolución. ¿Por qué poner patas arriba un sistema solvente que funciona, alegando la necesidad de la liberalización de servicios?

Los colegios tenemos razón de ser y así nos lo reconoce la Constitución. Somos garantes de los servicios que prestan miles de profesionales a los usuarios a diario. Su colegiación es una garantía. La futura ley eliminará este requisito para muchos colegios, lo que conllevará que cualquier profesional que se crea capacitado, incluso sin titulación académica, podrá ejercer bajo su responsabilidad. El intrusismo campará a sus anchas. ¿Cómo se defenderán usuarios y consumidores? No podrán acudir al colegio a exigir responsabilidades, sino personarse en el juzgado con procurador y abogado, asumir los costes y esperar resolución.

La supuesta liberalización de servicios es más bien una desregulación de profesiones cuyos efectos no están bien calculados. Habrá un deterioro. Los colegios profesionales de adscripción voluntaria, entre los que quizá esté el nuestro, no representarán a la profesión. Ya no seremos los garantes de la buena praxis, ni contra el intrusismo, ni garantes del correcto ejercicio profesional a través del código deontológico.

Creo que la sociedad no está dispuesta a aceptar nuestra desaparición como reguladores de la profesión. Somos los primeros que apostamos por la modernización y por nuestra puesta al día. No percibimos subvenciones y nuestra financiación llega a través de las cuotas de los colegiados y de los servicios prestados. La futura normativa pretende ponernos límites y asfixiarnos financieramente. Somos corporaciones de derecho público, sin ánimo de lucro, si es que alguien aún no lo sabe. Si la ley sale adelante con la actual redacción podrían peligrar muchos empleos.

Los profesionales titulados generamos trabajo y riqueza. El Gobierno central no debe caer en la tentación de laminar, sin diálogo, todo aquello que hasta ahora funciona y no supone coste alguno para las arcas públicas y los consumidores. Nos ofrecemos a colaborar y solo pedimos que no llegue a cometerse un error de consecuencias irreparables.

El autor es decano del Colegio Oficial de Químicos de Galicia