Ni gastonas ni menos eficientes
EL ANÁLISIS económico riguroso de los datos estadísticos parece desmentir a quienes sostienen que el Estado de la Autonomías es inviable y proponen la devolución al Gobierno central de las competencias en sanidad, educación y Justicia.
Ola recentralizadora que va ganando adeptos en parte de los ciudadanos, según el último trabajo demoscópico del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) referido a esta cuestión.
La conclusión a la que llega Núria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona es sustancialmente distinta: "No se puede afirmar rotundamente que los gobiernos autonómicos son ineficientes y gastan más de la cuenta".
La teoría económica nos dice, añade la profesora Bosch, que "la descentralización lleva ganancias de eficiencia y esta posición viene avalada por muchos trabajos empíricos".
En el caso español, además, "existen una serie de circunstancias que han de tenerse en cuenta antes de afirmar que los gobiernos autonómicos son ineficientes", subraya. Al tiempo que advierte que "todo este discurso viene propiciado por el Gobierno central, que ha impuesto de una manera drástica su política económica (límite máximo del déficit de las autonomías y de los entes locales, limitaciones para acceder al crédito) y ha iniciado cierto proceso recentralizador por razones más ideológicas que de racionalidad económica que estén avaladas científicamente".
Núria Bosch abrió ayer la tanda de intervenciones en la III Conferencia sobre Federalismo y Descentralización en España, que se celebra en Santiago, organizada por el grupo de investigación REDE de la Universidade de Vigo, y codirigida por Jorge Martínez Vázquez (Georgia State University) y Santiago Lago Peñas (UdeV). El tema elegido en esta ocasión por los organizaciones se centra en La consolidación fiscal en España: El papel de las comunidades autónomas y los municipios (experiencias, retos y perspectivas).
La ponencia de la profesora Bosch da acogida en su titular a una pregunta que está al cabo de la de calle: ¿Han gastado demasiado las comunidades autónomas? Y aporta alguna reflexiones entorno al gasto autonómico.
Como es sabido, las comunidades autónomas son las titulares de las competencias que definen el Estado del bienestar, salvo las prestaciones económicas (pensiones y seguro de desempleo) que le corresponden a la Seguridad Social.
En términos comparados con países de tradición federal como Australia, Canadá, Alemania y Suiza, España es el que concentra una mayor parte de los servicios consustanciales con el Estado del bienestar en la instancia autonómica.
Así, más del 90 ciento del gasto en sanidad corre a cargo de los presupuestos de las comunidades. Los cantones suizos no llegan al 60 por ciento y los länder alemanes se quedan en un modesto 27 por ciento.
En educación pasa lo mismo: las comunidades autónomas asumen el 90% del gasto público en este servicio; en Canadá, el 60 por ciento; en Suiza, 55 %; y en Alemania, 71 por ciento.
Se constata que los servicios del bienestar, debido a su naturaleza, tienen una dinámica de gasto creciente, "lo cual dificulta su contención, y puede explicar en parte la pauta de crecimiento del gasto autonómico".
Tal es así, que el análisis de los datos suministrados por la propias administraciones autonómicas confirma que el 62 % del gasto total de las comunidades autónomas lo acaparan la sanidad y la educación, "con una tasa anual de crecimiento notablemente superior al resto de funciones del gasto".
De los dos, el gasto sanitario crece en mayor proporción y determina en gran medida el crecimiento de todo el gasto público autonómico. Para observar la influencia del gasto en sanidad y educación sobre las finanzas autonómicas, Núria Bosch analiza la evolución de la deuda en aquellas comunidades (las que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución) que asumieron más tarde las competencias de educación (entre 1998 y 2000) y de sanidad (en 2002).
Lo que le permite constatar que, a partir de la fecha en que las comunidades del 143 asume esas competencias, su deuda empieza a crece a mayor ritmo que las del artículo 151 (Cataluña, Galicia, Andalucía, C. Valenciana y Canarias) y las forales (País Vasco y Navarra). Y a partir de 2007, con el inicio de la crisis, el crecimiento de la deuda se dispara para todas las comunidades sin excepción.
Otra cuestión destacable es que, con la excepción de Castilla-La Mancha, las comunidades más endeudadas son aquellas que recibieron unos recursos del sistema de financiación por debajo de la media. Es el caso de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, cuyas quejas están apoyadas por los datos. Al contrario, aquellas que reciben del sistema de financiación unos recursos por encima de la media (caso de Galicia), tienen una deuda por debajo de la media.