Igualdad en la pluralidad
SON NUMEROSAS las ventajas de la descentralización territorial del poder público. El federalismo, es decir, el reparto simétrico de las competencias y de las responsabilidades entre las diferentes escalas territoriales de gobierno, y los principios de pluralidad por los que debe regirse dicho reparto para que sea eficiente, es un campo de estudio y lo debaten las ciencias política y jurídica. No obstante, existe un límite a la descentralización que es la preservación de la igualdad de los ciudadanos. Ésta es una materia que lleva muchos años tratándose y aborda el posible conflicto que entre nosotros suscitan las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El establecimiento de normas heterogéneas para regular el uso y la producción de bienes y servicios similares puede generar desigualdades, además de incidir negativamente en la competitividad de la estructura productiva. Los países europeos transitan en este camino por dirección contraria a la que inició España, tanto con su incorporación a Europa como por su apertura al exterior.
La unidad supone un amplio mercado integrado, lo que permite el mayor aprovechamiento de las economías de escala, la división del trabajo y la intensidad de la competencia, lo que conduce a menores costes, a mejorar la productividad y a mayores niveles de empleo y de bienestar. Hace medio siglo se creó en Europa un mercado único en el que se suprimieron las barreras que limitaban la libre circulación de personas, mercancías y capitales, además de armonizar las regulaciones que producían el efecto de fragmentar el mercado, todo ello con el objetivo de crear un mercado mucho más amplio que los nacionales originarios, de forma que se pudieran materializar las ventajas derivadas de un mejor aprovechamiento de las economías de escala, de la división del trabajo y de una competencia incrementada. Por ello, todos los estados con una estructura política descentralizada se dotan de mecanismos jurídico-constitucionales para garantizar que el uso de las competencias atribuidas a las escalas regionales o locales de gobierno no traspasen los límites de la unidad de mercado. Así que la unidad de mercado es un factor clave de competitividad, sobre todo para una economía como la española, con graves carencias competitivas. La asunción de cada vez más competencias por parte de los gobiernos autonómicos, y el uso de las mismas por parte de estos gobiernos, puede hacer peligrar la unidad de mercado, algo que no puede permitirse nuestra economía.
En España ya contamos con muchas medidas adoptadas por las CCAA con efectos potencialmente desintegradores sobre la unidad de mercado, que no es aconsejable aumentar: diferentes normas de seguridad, medioambientales o de composición de productos, que encarecen los costes de los fabricantes al tener que instalar distintas líneas de producción; diferentes interpretaciones de las normas por parte de las instancias judiciales de cada diferente territorio. El origen del problema se encuentra, en gran medida, en la obsesión de algunas autoridades autonómicas. por desmarcarse de la Administración central. Y Galicia hoy quizá haya desbancado a la Comunidad de Madrid, con medidas normativas (véase el asunto de los medicamentos) que tienen un alcance que supera con creces cualquier límite razonable. Muchas actividades se pretenden regular hasta el más mínimo detalle, siendo ésta la causa fundamental de la introducción, innecesaria y arbitraria, de requisitos y barreras inútiles cuyo único resultado es fragmentar el tratamiento igualitario, sin aportar nada beneficioso a la sociedad.
En definitiva, se hace necesario alcanzar el punto de equilibrio que garantice la consecución de las ventajas de la descentralización territorial en la pluralidad de las regiones y nacionalidades, pero sin renunciar a la cohesión social y la igualdad entre todos los ciudadanos españoles. Porque, la desigualdad no es lo contrario de la diferencia, sino de la igualdad.
Doctor en Derecho Público