El Estado global
El sociólogo alemán Ulrich Beck acaba de señalar que en un mundo en el que el Estado global espía indiscriminadamente a sus ciudadanos, la defensa de los derechos fundamentales de la persona empieza a ser una ilusión. No hace mucho un ministro de seguridad de un país europeo decía que lo sabía todo de todos. Tales comentarios, graves en sí mismos, pasan sin pena ni gloria a lo largo y ancho de sociedades en las que los habitantes caminan con una fuerte dosis de control y manipulación a sus espaldas. No de otra manera puede entenderse la insensibilidad con la que se conduce, gracias a los oficios de las tecnoestructuras dominantes, la ciudadanía en general.
La tensión entre libertad y seguridad, motivada por la emergencia de grupos terroristas y la creciente presencia de la industria armamentista, es una realidad. Una realidad que está siendo dominada, y de qué manera, por la seguridad en detrimento, en términos generales, de las libertades ciudadanas. Probablemente porque existen intereses superiores que reclaman de los gobiernos ciertas actuaciones unilaterales fundadas las más de las veces en razonadas sinrazones. Ahora, por ejemplo, la argumentación sobre la intervención militar en Siria, que en otro tiempo se despacharía sin más aludiendo a la arbitrariedad, ahora, por la presión de determinados lobbies, se maneja desde la lógica del dominio de los fuertes.
El tema del espionaje de los servicios de inteligencia y seguridad, incluso a ciudadanos de otros países, sin las más mínimas garantías de la intervención judicial, es una cuestión que, insisto, todo lo más es objeto de comentario por algunos analistas y nada más. Y, sin embargo, se trata de un atentado sin precedentes a las libertades de muchas personas, millones según parece, que ven violada su intimidad cotidianamente. Es decir, le lesionan derechos fundamentales de forma masiva y no pasa nada. Ni siquiera existen intentos de demandas colectivas para detener esta orquestada operación de laminación democrática.
El imperio de la forma sobre el fondo parece no tener límites. Así las cosas, constatamos que la proliferación de normas y procedimientos en modo alguno han alterado el panorama general. La crisis no es de normas, organismos y procedimientos, sino de convicciones democráticas profundas y coherentes. Los cambios que precisamos no son técnicos o formales. Necesitamos que los valores y cualidades democráticas se asuman con todas sus consecuencias volviendo de nuevo al primado del Estado de derecho. Con jueces independientes, estas conductas y determinaciones normativas no serían posibles.
Catedrático de Derecho Administrativo